El retiro de la columna de Claudia López del periódico El Tiempo, y la supresión de otras en el periódico El Colombiano, suscita una serie de interrogantes como columnistas que somos, y que disfrutamos de un espacio de opinión en un periódico regional.
Lo primero en señalar es que los casos de El Tiempo y El Colombiano son diferentes. En el periódico de la familia Gómez de Medellín hay una línea editorial pro gobiernista y conservadora, y columnista que no comparta esas directrices no conserva su espacio de opinión. Los columnistas allí no tienen derecho a tener una opinión sobre ningún tema que se aparte de la línea editorial del periódico. Eso en buen romance es censura, intolerancia que debe ser castigada por los lectores que estén buscando una oferta plural y diversa, incluida la de las voces conservadoras.
El caso de Claudia López y El Tiempo es distinto, si bien ambos parecen arrojar iguales resultados. La valiente columnista, una de las investigadoras que mejor ha documentado el tema de la infiltración de la política por los paramilitares, sin duda alguien incómodo para el establecimiento, publicó una columna en la que criticó la línea informativa de El Tiempo, al haber atribuido sin mayor fundamento un aumento en la popularidad de Juan Manuel Santos como consecuencia del escándalo de Agro Ingreso Seguro, teniendo como sustento un sondeo de opinión entre los lectores de la versión de Internet de ese periódico que se mostraban indignados con uribito, sin que ello implicara que estaban felices con Santos.
Esto sirvió a López para hacer una serie de conjeturas razonables sobre la parcialidad d El Tiempo en defensa de la candidatura de Juan Manuel. Como quien dice, descubrió el agua tibia, pero haber dicho lo que todo el mundo sabe, la llevó a cruzar una frontera infranqueable: la de la cortesía con el medio que nos ofrece un espacio que es de su propiedad.
Los espacios de opinión de los columnistas no nos pertenecen, no son derecho adquirido, y el día en que el periódico quiera quitárnoslo, pueden hacerlo. Los lectores serán los encargados de juzgar si fue o no una buena decisión. Si Claudia López estaba inconforme con la manera como El Tiempo estaba desarrollando su labor periodística, debió haberlo manifestado a sus directivas y renunciar a su columna. El problema de Claudia fue de simple cortesía con el medio que le dio un espacio. El periódico no ha desmentido una sola palabra de lo que dijo López en su columna, porque no tiene como, pero tiene derecho a quitarle el espacio que le ofreció. Pero en el mismo juicio de cortesía que se impone a Claudia, El Tiempo no debió haber publicado una nota en caliente interpretando que esa columna era su renuncia. Debió haber contactado a la columnista en privado, notificarle su decisión y haber permitido una columna más para que ella expresara su punto de vista. Roberto Pombo se dejó llevar por la rabia, y el resultado de un director intolerante y sangre caliente no es una buena señal para el periódico.
Nunca he tenido amago de censura en La Crónica, donde es conocido que se tiene una línea editorial muy diferente a la línea de opinión de mi columna. Si alguna vez encuentro que el periódico está haciendo cosas que no me parecen, así lo diré en la columna que anuncie mi retiro definitivo. Ha sido un saludable ejercicio de tolerancia y respeto, del cual todos salimos ganando.
martes, 27 de octubre de 2009
miércoles, 21 de octubre de 2009
El modelo Arias de sociedad
El tema de moda por estos días, desplazando incluso al recurrente tema del referendo o el fantasma de la censura que ronda en la gran prensa nacional, es el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que ha venido implementando el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura
El programa fue diseñado por el hoy precandidato conservador Andrés Felipe Arias, y consiste en una serie de apoyos directos o subsidios no reembolsables, es decir, regalos a agricultores que reúnan unas condiciones técnicas y económicas específicas, y créditos blandos para estimular la productividad del sector agrícola.
Que el Estado entregue recursos públicos a particulares, es una prohibición expresa del artículo 355 de la Constitución Política, así que no se entiende cómo fue posible que el Congreso de la República aprobara la ley 1133 de 2007 que da sustento normativo al programa AIS, máxime si el fundamento de dicho programa es el de apoyar a los agricultores ante la firma del TLC con los Estados Unidos, instrumento que aún no ha sido aprobado en el Congreso de ese país. Es decir, el programa es a todas luces inconstitucional y no aplicable por no reunirse los presupuestos de hecho que los sustentan. Como dato curioso, es de señalar que uno de los beneficiarios de esos regalos en Santander, es hijo de uno de los ponentes de la ley: el conservador Alirio Villamizar, uno de los promotores de la campaña de Arias hasta que fue detenido por la Corte por su presunta participación en varios delitos contra la Administración Pública.
El modelo de subsidiar a los ricos y a los propietarios de la tierra es de la entraña de la derecha política en todo el mundo. Ese fue el modelo que implementó Bush con los resultados conocidos de desaceleración de la economía y aumento del déficit fiscal en los Estados Unidos. Arias empezó a dar señales de optar por ese modelo con el caso Carimagua, cuando prefirió entregar tierra a unos empresarios que ni siquiera eran de la región, con el argumento de que los desplazados no tenían condiciones técnicas para hacer rendirla. Es decir, el argumento que subyace a esta lógica es la de que la plata no rinde en manos de los pobres, y los ricos, al contrario, generan empleo que puede ayudar a salir de la pobreza. Es una doctrina económica que se ha aplicado en el mundo con resultados desastrosos en términos de reducir la pobreza y la desigualdad.
El escándalo de concentración de recursos en varias familias del Magdalena denunciado por la revista Cambio, algunas de las cuales habrían parcelado sus propiedades para recibir varias veces el subsidio, así como otra serie de irregularidades, como que algunas fueron aportantes de la campaña del candidato Uribe, han desviado el debate de fondo, y es si es sostenible un modelo que refuerza los patrones de desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana. Si sólo unos pocos tienen acceso a la tierra, al capital y al crédito, la economía en su conjunto no crecerá, y lo poco que se logre beneficiará a unos privilegiados. Esa es la sociedad con la que sueña Arias, y Uribe por supuesto, una sociedad señorial, desigual, con señores de la tierra –y de la guerra-, y vasallos que sólo tienen que agradecer las migajas que les queda del modelo, porque el poder público sólo está para proveer seguridad, como en la edad media. Y se supone que Arias representa la modernización en política.
El programa fue diseñado por el hoy precandidato conservador Andrés Felipe Arias, y consiste en una serie de apoyos directos o subsidios no reembolsables, es decir, regalos a agricultores que reúnan unas condiciones técnicas y económicas específicas, y créditos blandos para estimular la productividad del sector agrícola.
Que el Estado entregue recursos públicos a particulares, es una prohibición expresa del artículo 355 de la Constitución Política, así que no se entiende cómo fue posible que el Congreso de la República aprobara la ley 1133 de 2007 que da sustento normativo al programa AIS, máxime si el fundamento de dicho programa es el de apoyar a los agricultores ante la firma del TLC con los Estados Unidos, instrumento que aún no ha sido aprobado en el Congreso de ese país. Es decir, el programa es a todas luces inconstitucional y no aplicable por no reunirse los presupuestos de hecho que los sustentan. Como dato curioso, es de señalar que uno de los beneficiarios de esos regalos en Santander, es hijo de uno de los ponentes de la ley: el conservador Alirio Villamizar, uno de los promotores de la campaña de Arias hasta que fue detenido por la Corte por su presunta participación en varios delitos contra la Administración Pública.
El modelo de subsidiar a los ricos y a los propietarios de la tierra es de la entraña de la derecha política en todo el mundo. Ese fue el modelo que implementó Bush con los resultados conocidos de desaceleración de la economía y aumento del déficit fiscal en los Estados Unidos. Arias empezó a dar señales de optar por ese modelo con el caso Carimagua, cuando prefirió entregar tierra a unos empresarios que ni siquiera eran de la región, con el argumento de que los desplazados no tenían condiciones técnicas para hacer rendirla. Es decir, el argumento que subyace a esta lógica es la de que la plata no rinde en manos de los pobres, y los ricos, al contrario, generan empleo que puede ayudar a salir de la pobreza. Es una doctrina económica que se ha aplicado en el mundo con resultados desastrosos en términos de reducir la pobreza y la desigualdad.
El escándalo de concentración de recursos en varias familias del Magdalena denunciado por la revista Cambio, algunas de las cuales habrían parcelado sus propiedades para recibir varias veces el subsidio, así como otra serie de irregularidades, como que algunas fueron aportantes de la campaña del candidato Uribe, han desviado el debate de fondo, y es si es sostenible un modelo que refuerza los patrones de desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana. Si sólo unos pocos tienen acceso a la tierra, al capital y al crédito, la economía en su conjunto no crecerá, y lo poco que se logre beneficiará a unos privilegiados. Esa es la sociedad con la que sueña Arias, y Uribe por supuesto, una sociedad señorial, desigual, con señores de la tierra –y de la guerra-, y vasallos que sólo tienen que agradecer las migajas que les queda del modelo, porque el poder público sólo está para proveer seguridad, como en la edad media. Y se supone que Arias representa la modernización en política.
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