jueves, 3 de septiembre de 2009

El Israel de América latina

Colombia ha tenido como política exterior, tradicionalmente, estar cerca de Estados Unidos y de espaldas a América latina. Esta postura se decidió desde el gobierno de Marco Fidel Suárez, y se ha conocido como la doctrina respice polum (mirar hacia la estrella del norte), dado que como lo señalaba el presidente Suárez en 1910, “el norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna ejerce atracción respecto de los pueblos de América”.

Así que el tema de las llamadas bases militares no es un capricho de este gobierno: es la consecuencia de una directriz de política exterior del Estado colombiano que cada tanto se refuerza bajo un contexto diferente de geopolítica de los Estados Unidos. En el siglo XX, en el contexto de la lucha contra el comunismo, posteriormente, en la década de los ochenta en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, y ahora en el contexto de la lucha contra el terrorismo en un escenario político adverso en el continente para una política exterior basada en la disuasión militar.

Como consecuencia de esta directriz de política, es necesario recordar que cuando sucedió la guerra de las Malvinas, sólo el Chile de Pinochet y Colombia respaldaron al Reino Unido, dando la espalda al continente, y esta postura se repitió en la guerra contra Irak, pues Colombia fue el único país suramericano en apoyar una acción ilegal y contraria al derecho internacional.

El hecho de permitir que en las bases militares colombianas hagan presencia unidades militares estadounidenses no es nuevo. En efecto, desde 1952 ha habido cooperación permanente entre los dos países, y en el contexto del Plan Colombia esa cooperación se ha incrementado, hasta el punto de que se habla de la presencia de cerca de cuatrocientos militares gringos en territorio colombiano. Lo distinto en el actual acuerdo está en que la letra menuda del mismo, aquella que no se somete a la aprobación del Congreso y ni siquiera al concepto previo del Consejo de Estado como lo exige la Constitución, implica la posibilidad de un despliegue militar mayor que puede llegar incluso a operaciones de gran escala por parte de Estados Unidos, y eso sí lo hace un factor de inseguridad para el continente que justifica las aprehensiones de los miembros de Unasur.

La necesidad de las bases es un cuentazo por donde se lo mire. Esa necesidad surge única y exclusivamente como resultado del fin del acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador para la llamada base de Manta. Estados Unidos necesita presencia militar en la región como factor disuasivo, y qué más oportuno que acudir a Colombia, un Estado incondicional, y un gobierno que en política exterior sólo ve por los ojos de Washington.

La forma de legitimar esta decisión en el ámbito interno está servida, seguir luchando contra las Farc -¿no que ya estaban derrotadas?- y la hostilidad de gobiernos como el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua que le estarían dando oxígeno al terrorismo en la región. Cualquier objeción a este tipo de acuerdos entra en la retórica anti imperialista que hasta el propio presidente Obama se ha encargado de minimizar.

Así como Israel es la cabeza de playa de Estados Unidos en Oriente Medio, Colombia lo es en América latina. Una tristeza, pero es lo que la mayoría quiere, un pueblo que ha fuerza de las circunstancias ha ido perdiendo su dignidad.

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